En medio de los nuevos tiempos, los consumidores son más exigentes, están más atentos a la confección de sus productos y reconocidas marcas vuelven a enfrentarse a una nueva batalla legal. Esta vez es el caso de Hugo Boss y las compañías alemanas C&A, Lidl, Aldi Norte y Aldi Sur.

El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y los Derechos Humanos (ECCHR), una organización no gubernamental con sede en Berlín, presentó una demanda contra las firmas. Apuntando hacia su supuesto beneficio producto de la explotación de miembros de la minoría musulmana uigur en China. La ONG alemana alega “presunta complicidad en crímenes contra la humanidad”.

La acusación fue tajantemente negada por parte de las marcas mencionadas. Negando la grave incriminación por “beneficiarse y ser cómplice, directa o indirectamente, del trabajo forzado de la minoría uigur en Xinjiang”. La casa de moda de lujo alemana, Hugo Boss, rechazó el hecho a través de un comunicado oficial en que señaló que “no ha adquirido ningún producto originario de la región de Xinjiang de proveedores directos”, además de haber “pedido hace meses a sus proveedores que se informen y confirmen que la producción de bienes en la cadena de suministro se realiza de acuerdo con los derechos humanos”.

En cuanto a las otras marcas afectadas, C&A aseguró “no tolerar el trabajo forzado, en régimen de servidumbre o en prisión, ni ningún tipo de subcontratación no autorizada”. Aldi, por su parte, aseguró haber “establecido normas vinculantes para todos sus socios comerciales”, para evitar estos problemas.

Mientras que Lidl declaró que no ha trabajado durante más de un año con el productor incluido en la lista de proveedores de marzo de 2021, por lo que la acusación se basaría en “listas antiguas de proveedores”. Dicen, además, que toman medidas necesarias y revisan los potenciales riesgos, como las violaciones de los derechos humanos en las cadenas de suministro de sus productos. 

No es primera vez que ocurren estos tipos de inculpaciones hacia grandes productores de la industria textil. En reiteradas ocasiones, China ha sido un país señalado y duramente criticado por presuntamente encerrar de manera masiva a miembros de esta comunidad, mayoritariamente musulmana, en campos de trabajo ubicados en el oeste del país, justamente donde se encuentran diversas fábricas textiles. Según autoridades de la región, solo se trataría de “centros de formación profesional”, como les catalogan en Asia.

A pesar de la dificultad para presentar pruebas, fuentes al interior de la ONG alemana consideran que las prácticas de estas empresas 2son solo un ejemplo de un problema mucho más vasto y sistémico”, por sus relaciones de negocios que fomentarían estos “crímenes”.

Algo similar es lo que ocurre en Francia, cuando en abril de este año la asociación de leyes anticorrupción Sherpa denunció a cuatro multinacionales de ropa, entre ellas Uniqlo y Zara. Las autoridades francesas ya han comenzado las investigaciones pertinentes del caso.