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Reportajes

Eco-Constitución: Verde Esperanza

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Eco-Constitución: Verde Esperanza

POR Lenka Carvallo | 24 diciembre 2021

Con el planeta en medio de la peor crisis climática de nuestra era, hay acuerdo en que la próxima Carta Magna deberá consagrar la protección del medioambiente. Pero, ¿cómo sería un futuro texto ecológico?

Chile no solo podría redactar la primera constitución paritaria del mundo. De aprobarse en el plebiscito de salida, también podríamos contar con la primera carta 100% ecológica, una donde la conciencia medioambiental estará en cada página, abarcando desde la economía, el derecho de propiedad, la vivienda o los Derechos Humanos, entre otros. Esto, en medio de la mayor crisis climática de la historia.

En el ex Congreso Nacional, los 19 integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico de la Convención Constitucional ya discuten sobre los lineamientos del nuevo texto. Sobre la mesa trabajan con los referentes de Alemania, Colombia, Costa Rica y Ecuador, algunos de los países más adelantados en esta materia. “Hay elementos de cartas latinoamericana y europeas que son muy interesantes, aunque no existe ninguna Constitución donde la conciencia medioambiental esté presente en cada una de las páginas. Chile podría convertirse en el primero”, sostiene Ezio Costa, abogado y académico de la Universidad de Chile, especialista en Derecho y Regulación Ambiental, director ejecutivo de Fima. Fue a través de esta ONG que Costa asistió como observador a la cumbre de la Cop 26 realizada recientemente en Glasgow, Escocia, con los mayores líderes mundiales reunidos en torno al combate contra la crisis climática.

El tiempo se acaba: esa fue la conclusión principal del encuentro, tomando en cuenta las advertencias de los científicos. Si la temperatura planetaria continúa en aumento y sobrepasa la barrera de los 1,5 grados Celsius (hoy es de 1,1 °C), aumentarán también las probabilidades de ser impactados por olas de calor letales, la expansión todavía más acelerada de la sequía y el colapso de los ecosistemas. De ahí que, trasladándonos a los pasillos del ex Congreso donde se trabaja la carta fundamental, el sentir general es que la futura Constitución deberá ser verde o no será. Así quedó establecido en la masiva aprobación de la Declaración de la Emergencia Climática y Ecológica de la Nueva Carta Magna (contó 137 votos a favor), donde los convencionales se comprometieron a que cada comisión debe considerar, en sus propuestas finales, el resguardo de la naturaleza y las comunidades frente a los efectos de este fenómeno mundial, que tiene a Chile entre los países más vulnerables.

DERECHO A UNA MEDIOAMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO

Uno de los pocos aspectos donde la Constitución del 80 genera un amplio reconocimiento es la declaración del “derecho a un medioambiente libre de contaminación”. Toda una innovación considerando que, al momento de ser redactada, el calentamiento global no era tema; qué decir de la sequía.

Así, el propósito estaría en garantizar un medioambiente “sano, equilibrado y con derecho a regenerarse”. Uno de los principios fundamentales sería declarar a la naturaleza como sujeto de dignidad y derechos. El tema está en boga en el mundo y es un hecho seguro que estará en la futura carta.

Hoy, 29 países tienen los derechos de la naturaleza en su legislación. Pero el único que lo plasmó en su Carta Magna ha sido Ecuador, según cuenta Ezio Costa en su libro Constitución Ecológica, lanzado este año por editorial Catalonia.

Casos de fallos judiciales que han sentado jurisprudencia mundial están en Nueva Zelandia, donde en 2017 se reconoció al río Whanganui como persona jurídica. Hoy, sus intereses son representados por un miembro de la tribu Whanganui y un delegado estatal. También cuenta con dicho estatus legal el río Ganges, considerado sagrado en la India, y también el más contaminado. Algo similar también hizo Colombia con la Amazonia.

En Chile, los derechos de la naturaleza generan cierta controversia. “¿Acaso el río Mapocho podría tener la misma dignidad que una persona? Me parece que no”, observa el abogado Felipe Riesco, experto en derecho medioambiental, ex subsecretario de Medioambiente durante la actual administración de Sebastián Piñera, con Marcela Cubillos como ministra. Y agrega: “Creer que la naturaleza es sujeto de derechos es desconocer a la declaración universal de los Derechos Humanos, en la cual las personas somos seres únicos e irrepetibles”.

El abogado incluso advierte que esto podría dar pie a una judicialización constante. “Todos querrán arrogarse la representación de la naturaleza para oponerse a proyectos de inversión, a políticas públicas; se convertirá en un vehículo jurídico para cuestionar el modelo económico imperante”.

Ezio Costa, sin embargo, le baja el perfil. “No hay leyes, constituciones o fallos en el mundo que le hayan asignado a la naturaleza los mismos derechos que a una persona, solo el de existir y regenerarse. Más que derechos, son deberes de las personas hacia la naturaleza, debiendo respetar su existencia y su valor intrínseco como una vida distinta a la humana, pero vida, al fin y al cabo. Creo que las reacciones adversas tienen que ver con que se trata de un tema nuevo y hay desinformación”.

JUSTICIA INTERGENERACIONAL

Una de las primeras voces en exigir el derecho a un planeta sano y equilibrado para las futuras generaciones fue Greta Thunberg, quien llamó a tener la mirada puesta en el largo plazo y no tomar decisiones pensadas en el día a día, sin tomar en cuenta sus efectos en el medioambiente.

La llamada justicia intergeneracional podría ser otra incorporación en la futura carta verde. Alemania fue el primer país en incorporarlo a su Constitución, comprometiéndose con los futuros hombres y mujeres a proteger las bases naturales de la vida. También está presente en constituciones de Europa, América Latina y África.

“Todos esperamos que nuestros hijos y nietos tengan una vida mejor a futuro en términos materiales; sin embargo, hay otra dimensión del bienestar que tiene que ver con el que puedan contar con un ecosistema libre de contaminación. Es una forma distinta de abordar el desarrollo, no sólo desde el crecimiento económico, sino también a través del costo que éste significa para el planeta”, explica Ezio Costa.

¿Puro “blablablá”, como diría Greta? ¿Simple idealismo? “Tal vez”, reconoce Costa, “pero es lo mínimo que se necesita para mantener la esperanza de que las cosas cambien. En el tiempo que nos queda de vida, debiéramos apuntar hacia ese camino y una Constitución verde es un paso; lo otro sería caer en el nihilismo”.

FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD

Los derechos de propiedad podrían estar afectos a limitaciones. Esto siguiendo el ejemplo de Colombia, que estableció la función ecológica de la propiedad.

Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Universidad de Chile, cree que se trata de un paso fundamental: “Si nos atrevemos a escuchar a la ciencia, que en un 99% entiende la gravedad de la amenaza climática y el riesgo de que la temperatura aumente a más de 1,5 °C, resulta evidente que hay que poner limitaciones al ejercicio de estos derechos. Si no, ¿con qué cara vamos a mirar a las futuras generaciones? Estamos en un momento en que nos está interpelando la historia”.

La abogada va más allá y señala que también habría que limitar los derechos de agua. “Será imposible que a futuro alguien pretenda hacer uso de todos sus derechos de agua; la crisis será cada vez más aguda y muchos de esos recursos dejarán de existir. La nueva Constitución deberá establecer prioridades. De hecho, uno de los temas que hoy se está tratando en la Convención es el derecho de la naturaleza al agua”, y asegura que en ese sentido nuestra futura carta podría ser pionera en el mundo.

La Constitución del 80 se redactó cuando la crisis hídrica aún no era tema a nivel mundial. Hoy, sin embargo, muchos de los convencionales que integran la Comisión de Medio Ambiente (en su mayoría representantes de pueblos originarios y ecologistas) apuntan a que la futura carta deberá abordarlo de cara a las siguientes décadas.

Más pragmático, Felipe Riesco afirma que el tema podría arreglarse ahora mismo y de una manera mucho más efectiva, mejorando la gestión de la Dirección General de Aguas. “Es una institución ineficiente, la gran culpable de que la explotación hídrica siga sin control. Ni siquiera tiene un registro de cuántos derechos ha otorgado respecto de cuencas y ríos”.

JUSTICIA AMBIENTAL

Que cualquier persona pueda representar el interés colectivo y ejercer la justicia ambiental también sería uno de los puntos clave. “En Chile existen enormes barreras para la justicia ambiental; por eso es importante consagrar una Defensoría del Medioambiente y la Naturaleza de carácter autónomo. Es fundamental que los ciudadanos puedan sentirse parte de este cambio que nos involucra a todos”, considera Valentina Durán.

El abogado Felipe Riesco es nuevamente escéptico y advierte otro riesgo de judicialización. Por eso, con una mirada general sobre la futura carta, observa: “Hoy lo que impera en los países más avanzados es la fórmula intermedia, el desarrollo sostenible que busca conciliar el crecimiento económico con la naturaleza. Hacia allá debiéramos apuntar”.