Suscríbete
El líder del grupo Matte es uno de los empresarios más involucrados en la discusión de lo público. Desde su Think Tank Pivotes, ha aportado al acuerdo constitucional “por un estado sin pitutos” y busca ayudar a la profesionalización del poder político. Eso, por cierto, aunque implique renunciar a una carrera en ese ámbito: “yo estoy activo en el mundo empresarial, que es incompatible con la política, y estoy a cargo de estas dos empresas que están en el centro de las transformaciones globales”, agrega el vicepresidente de Colbún y director de CMPC.
Por Carolina Urrejola Scantlebury Fotos Bárbara San Martín
Bernardo Larraín (57) es miembro de uno de los conglomerados empresariales más importantes y ricos del país, el grupo Matte. Divide su quehacer entre la presidencia de Colbún, el directorio de CMPC y la Fundación Pivotes, un laboratorio de políticas públicas tipo start up que busca influir en el debate. El también ex presidente de la Sofofa da esta entrevista en la oficina de Pivotes en el barrio El Golf, un espacio abierto tipo co-work que comparte con las fundaciones de su madre (la educadora Patricia Matte) y su hermana, a algunos pisos de distancia de la compañía de generación eléctrica.
–Con el paso de los años se le ve cada vez más involucrado en el debate público. ¿Cuál es la voz que le interesa instalar?
–Que lo público no puede ser dejado solamente a la política profesional, a los centros de pensamiento o al mundo académico. Todos los actores, incluido el mundo empresarial, tienen un rol relevante. La filantropía también, porque si uno mejora la democracia, sus instituciones, los marcos regulatorios y las leyes, es más probable que las políticas públicas respondan mejor a los desafíos sociales y a una escala mucho mayor. Por ejemplo, el desafío educacional: puede haber una fundación haciendo un trabajo espectacular en un territorio, pero la escala que tiene el Estado es inalcanzable. Por lo tanto, si tú mejoras en un 1% cómo se hacen políticas públicas en beneficio de los sectores más vulnerables a través de mejores leyes y mejores instituciones, el impacto social puede ser varias veces más de lo que hacen fundaciones individuales. Esa es la impronta que Pivotes quiere marcar: que lo público les compete a todos.
Pivotes impulsó la Iniciativa Popular de Norma “Por un Estado sin pitutos”, que fue aprobada en el Consejo Constitucional, uno de sus primeros logros concretos desde que se creó en 2022 en el contexto del anterior proceso constitucional. En su consejo asesor están, entre otros, los ex ministros de hacienda Andrés Velasco e Ignacio Briones, el arquitecto Alejandro Aravena, la científica Isabel Behnke y la gestora cultural Javiera Parada.
–¿Cuál es el objetivo de la fundación y cómo articuló al grupo de gente con la que quería trabajar?
–Pivotes nace de analizar el espacio de lo público. Cuando uno se aproxima a una industria –y esto puede sonar provocador– ve distintos espacios. Algunos están cien por ciento cubiertos, por lo tanto no vale la pena meterse, y hay otros que están vacíos, donde hay demanda, pero no hay oferta. Hicimos ese análisis sobre lo público. Claramente en la parte de generación de conocimiento hay muchas instituciones –centros de pensamiento, universidades, centros de investigación–; está bien cubierto todo el espectro político ideológico. Y luego tienes la política profesional, con los partidos políticos que son los que terminan transformando las ideas que emergen del conocimiento en leyes. Pero entre medio vimos que había un vacío, la incidencia, cuyo rol es conectar las políticas públicas que emergen del conocimiento y que pueden estar en un documento, en un libro o discutirse en un seminario, pero que en los últimos 15 años es más difícil que lleguen directo a la ciudadanía.
–¿Por qué se ha hecho más difícil?
–Si tú ves hace 20 años, Juan Claro (ex presidente de la Sofofa) lideró la agenda pro crecimiento que se discutió con el Ministerio de Hacienda en mesas técnicas. No estoy diciendo que fuera una discusión entre cuatro paredes, pero fue una discusión técnica que permitió hacer un montón de políticas públicas que finalmente llegó al Parlamento y se aprobaron. El mismo Juan me decía, “eso hoy sería completamente imposible”. Hay una parte creciente que cree que esas políticas públicas, para que tengan viabilidad, tienen que estar mucho más conectadas con la ciudadanía y con la sociedad. Hay muchos más actores que hay que integrar a la deliberación. Hoy hay una etapa intermedia, que es lograr que estas políticas públicas que se fundan en evidencia se conecten con organizaciones de la sociedad civil y con la ciudadanía directamente. Es una pega larga.
POLÍTICA Y ESTABILIDAD
–¿Cree que hay un sector político que le da mejores garantías al país para desarrollarse?
–El propio ministro Marcel dijo que cuando este gobierno asumió, no tenía el crecimiento como una prioridad. Ahora dice que sí. Pero desde aquí hasta que se active un nuevo ciclo de políticas públicas, en el Congreso, le queda mucho trecho. El litio puede ser el ejemplo más evidente de eso. Pareciera que piensan que el litio nos espera. Me parece que el músculo del Estado usado para ser un socio mayoritario de proyectos de litio es un mal uso. Al Gobierno lo veo suponiendo que esto es una oportunidad eterna, mientras las principales empresas de litio del mundo están haciendo proyectos en Argentina, Australia, Estados Unidos. Las operaciones que tenemos en Chile son las mismas hace 20 años. Hoy debiéramos estar abriendo la cancha a través de una licitación internacional, ofreciendo concesiones para que lleguen los mejores operadores a desarrollar proyectos a Chile.
–Considerando que todavía es una incógnita el Proceso Constitucional, ¿qué le gustaría que pasara si de usted dependiera?
–Creo que la oportunidad que brinda el proceso constitucional es romper inercias que nunca van a ser rotas desde el sistema político, porque son actores incumbentes que no están incentivados a autolimitar su poder. Si perdemos la oportunidad de mejorar el sistema político y disminuir la fragmentación, es completamente inexcusable. Lo mismo con la forma del Estado y el nuevo empleo público. Esos elementos son los más sustantivos de la Constitución.
–¿No comparte que hay una regresión autoritaria? ¿O que esta Constitución más bien parece un programa de gobierno del Partido Republicano?
–En estos tres elementos sustantivos, no. En otras materias, efectivamente hay temas que no son constitucionales que están generando mucha polarización y que debieran dejarse al libre juego democrático, como por ejemplo meter instrumentos tributarios a la Constitución. Si bien yo comparto la libertad de elección en pensiones, en salud y en educación, no me parece razonable que la Constitución lo impida. El desafío es que visibilicemos los temas sustantivos y que se saquen aquellas cosas que no son constitucionales, que están generando controversia.
Lee la entrevista completa en nuestra edición impresa o digital. ¡Suscríbete o cómprala aquí!
