La justicia británica anuló las órdenes de registro utilizadas por la policía para ingresar a dos propiedades del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor a comienzos de este año.

La policía de Thames Valley reconoció ante el Tribunal Superior que las órdenes, utilizadas para registrar sus viviendas en Norfolk y Berkshire el pasado 19 de febrero, fueron emitidas bajo una base legal incorrecta.

La decisión, sin embargo, no pone fin a la investigación que mantiene abierta la policía contra el ex príncipe.

El procedimiento se originó después de que Andrés fuera detenido el 19 de febrero, en el marco de una investigación por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. La indagatoria busca establecer si, durante su etapa como representante comercial británico, compartió información confidencial con Jeffrey Epstein.

Andrés ha negado de manera reiterada haber cometido irregularidades relacionadas con el fallecido financiero y delincuente sexual condenado. Hasta ahora no ha sido acusado formalmente de ningún delito.

El problema judicial se concentró en la forma en que fueron autorizados los registros. La policía había solicitado las órdenes bajo las secciones 8 y 9 de la Ley de Policía y Evidencia Criminal de 1984, pero el tribunal que las concedió determinó que correspondía utilizar únicamente la sección 8.

Posteriormente, una impugnación legal estableció que debían haberse emitido bajo la sección 9, debido a que algunos de los documentos que podían encontrarse en poder de Andrés podían corresponder a material protegido por reglas especiales de confidencialidad.

La policía de Thames Valley aceptó que el tribunal no podía haber tenido la certeza necesaria sobre este punto al autorizar los registros.

La anulación de las órdenes no significa, por ahora, que el material incautado deba ser devuelto ni que la investigación haya terminado. La policía solicitó posteriormente autorización para conservar los documentos y dispositivos electrónicos obtenidos durante los registros, argumentando que podría existir otra base legal que permitiera mantenerlos bajo custodia. Esa solicitud será analizada nuevamente por el Tribunal Superior, mientras continúa la investigación por presunta conducta indebida.

El juez encargado del caso, Mr Justice Hilliard, recalcó que el hecho de que las órdenes hayan sido anuladas “no pone fin a una investigación ni significa que toda la investigación haya sido ilegal”.