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Bastó que la noticia fuera publicada en extenso por The New York Times, los primeros días de marzo, para que la situación de más de un centenar de mujeres diera la vuelta al mundo: “Embarazadas por error: al menos 140 chilenas dicen haber consumido anticonceptivos defectuosos entregados por el gobierno” fue el titular.
Si bien el caso llevaba cerca de un año y había captado escaso interés en la prensa local, la situación de estas jóvenes que habían planificado no tener hijos –la mayoría por complejas situaciones personales, profesionales o económicas– pronto encontró también eco en otras importantes plataformas globales como Vice, The Washington Post y la BBC.
“La impresión de los medios extranjeros es que el Estado chileno viola sistemáticamente los Derechos Humanos, primero durante el estallido social y ahora con las mujeres. Ese fue el enfoque de los medios extranjeros”, asegura Javiera Canales, presidenta de la Corporación Miles, quien al momento de esta entrevista ya confirmaba los casos de 170 jóvenes afectadas por el envasado defectuoso de los anticonceptivos Anulette CD, el más vendido del país y el único que desde hace cerca de una década se distribuye en los centros de salud pública a lo largo de Chile, con excepción de Arica.
El Laboratorio Silesia (fabricante de Anulette CD) envió una declaración pública, asegurando que solo se trató de 12 blisters (el tipo de packaging con ampollas de plástico donde se alojan los remedios) y que sus sistemas de “fármaco vigilancia” y gestión de calidad permitieron una coordinación inmediata con las autoridades y los proveedores, por lo que continúan brindando acceso a anticonceptivos orales seguros y efectivos para las mujeres y sus médicos.
Pero en Miles advierten que el problema fue mucho mayor y que el número de mujeres que asegura haberse visto afectado es todavía indeterminado, que los casos continúan llegando y que a los 170 ya confirmados se suman otros 80 casos en evaluación. Mujeres en distintas etapas de gestación, algunas que incluso ya pasaron por el parto.
“En diciembre del 2020 solo teníamos un grupo de 30 mujeres embarazadas que se contactaron con nosotros. Pero tras un reportaje de TVN (en enero del 2021) y que llegó a todo el territorio nacional, recibimos una avalancha de casos provenientes de todo el país”, asegura Javiera Canales quien agrega un dato: Anulette CD es el anticonceptivo más consumido por las chilenas; el 60 % lo utiliza debido a su bajo costo en las farmacias y es la única marca de distribución gratuita en los centros de atención primaria, es decir, para mujeres en situación de vulnerabilidad extrema.
“Muchas de ellas”, describe Javiera Canales, “tienen varios hijos, y puede que también estén a cargo de otros familiares, como sus padres, hermanos, abuelos, o de allegadas; con personas enfermas a su cuidado; o son migrantes; tienen problemas de salud, son pobres y no cuentan con un trabajo remunerado. Muchas también son jóvenes, es la primera generación en su familia que logró acceder a la educación superior, ya sea técnica o la universidad, y debieron postergar sus proyectos por quedar embarazadas”.
“Hemos llegado a la convicción de que estos productos estaban siendo entregados hace más de un año”, asegura Javiera Canales, “y todas las mujeres que han llegado hasta nuestra corporación afirman que nunca en los servicios de salud les informaron del problema o les dieron otra alternativa. A las que pidieron acceder a métodos para terminar con su embarazo de forma oportuna se les negó la posibilidad”.
De ahí que en Miles concluyan que estas mujeres han sido forzadas a ser madres, sin tomar en cuenta su situación ni su voluntad y transgrediendo la autonomía de sus derechos reproductivos. Esto motivó que a comienzos de abril se presentara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –como también ante dos instancias de la ONU– un llamado urgente, alertando la eventual transgresión a los derechos reproductivos de estas mujeres. Como lo cuentan Daniela Miranda, Magdalena Peña y María Navarrete, las tres jóvenes embarazadas por error que fueron entrevistadas para Velvet.
UNA MULTA BAJA
Fue en el Centro de Salud El Águila de Temuco donde a mediados de 2020 se detectaron las primeras fallas, ya que faltaban algunas pastillas en los blisters de Anulette CD o la disposición era errada, los principios activos venían en el lugar de los placebos y viceversa. “Los productos eran inaceptables y por tanto le exigimos al titular del registro sanitario el retiro del lote involucrado”, reconoce Juan Roldán, jefe subrogante de la Agencia Nacional de Medicamentos del ISP. Luego, el mismo laboratorio nos informó que había un segundo lote con problemas similares. Como el problema podía ser más amplio, suspendimos el registro sanitario, se dejó de distribuir y se comenzaron a retirar los que ya estaban entregados hasta determinar las causas. Finalmente se determinó que fue una falla en la máquina de envasado y eso se subsanó”.
La multa que recibió el laboratorio fue de unos 65 millones de pesos. “Solo la mitad del máximo establecido (de 200 UTM)”, reclaman en Miles, aunque en el ISP señalan que la infracción se fijó de acuerdo con una normativa que establece los montos según la gravedad del caso y que en ningún caso apunta a compensar un daño a las afectadas, “para lo cual existe la instancia legal a través de la cual pueden exigir reparaciones civiles. Esta fue solo una infracción punitiva”, explica Juan Roldán.
Tras los dos meses de investigación el producto volvió a ser distribuido en los centros de salud.
“La División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Minsal nos hizo ver que podía producirse un problema al no haber un anticonceptivo disponible para dar atención a la necesidad de las mujeres que lo requerían”, recuerda Roldán, “por lo que, para no romper con el abastecimiento, se reanudó la entrega bajo la responsabilidad de cada centro asistencial y su director de revisar cada blíster entregado”.
Pero en Miles no quedaron conformes. Afirman que no serían solo dos los lotes afectados, sino 15; y que con los dos investigados por el ISP (b20034 y b20035), en total fueron 270 mil cajas las que empezaron a distribuirse un año antes de detectado el problema.
“Con toda probabilidad venían distribuyéndose desde antes y es posible que una parte importante haya sido consumida por la población, pero no tengo esa información”, reconoce Juan Roldán del ISP. Descarta la existencia de otros 15 lotes en el ISP: “Investigamos 26 denuncias respecto a esos dos lotes, no tenemos más y el sumario ya está cerrado”.
Fue a través de un recurso de amparo que ganó en la corte ante el Consejo para la Transparencia, que la Corporación Miles consiguió que el Ministerio de Salud le entregara la información sobre los lotes afectados desagregados por regiones.
“El Minsal se demoró tres meses en entregarnos los datos”, denuncia Javiera Canales. “Hoy sabemos que el mayor número de lotes afectados fue a parar al Servicio Metropolitano Sur (El Bosque, San Bernardo, Puente Alto, Pirque) y el sur de Valparaíso. Ahí se nos sumó una preocupación adicional respecto de las comunas afectadas en la Región Metropolitana: el Hospital Parroquial de San Bernardo (que es privado pero que ejecuta un proyecto del Estado) es objetor de conciencia institucional; otros centros de atención secundaria son administrados por la UC. Y en esta zona, donde está la mayor cantidad de residentes de la carrera de medicina en la Universidad de los Andes, cuyas mallas curriculares no contemplan el aborto como un procedimiento, tampoco existe la variedad de métodos dispuestos por el Estado, como la píldora del día después o el Misoprostol”.
LAS DEMANDAS
Desde la última semana de abril, la Corporación Miles ha iniciado la presentación de una serie de demandas judiciales contra el Estado y los laboratorios Andrómaco (el fabricante de Anulette CD), Silesia, (titular en el registro sanitario) y Grünenthal (la matriz alemana dueña de Silesia).
El daño, aclaran, no está directamente en la llegada de un hijo o hija, sino en tener que forzar a mujeres a aceptar la maternidad a raíz de una negligencia.
“Es una violación a la autonomía reproductiva de las mujeres”, explica la abogada Laura Dragnic, coordinadora del área legal de la corporación Miles. Y sostiene: “Constituye un daño que puede proyectarse en el tiempo, porque tener un hijo es una circunstancia muy cara, que no fue buscada y que, como es producto de un error del Estado y los laboratorios, las mujeres deberán hacerse responsables y subsidiar esta vida en aspectos como vestimenta, salud, educación, alimentación. Sumado al daño moral por la vulneración activa a la autonomía de las mujeres a quienes se les negó la posibilidad de decidir si ser madres, que es un derecho humano fundamental”.
El 28 de marzo, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), en tanto, presentó una demanda colectiva contra los laboratorios Silesia y Andrómaco (ambos de Grünenthal). “El acto civil presentado ante el Quinto Juzgado Civil de Santiago pretende una indemnización avaluada de 286 millones de pesos por cada una de las víctimas, acorde a los gastos de embarazo y parto, crianza, manutención, educación, pérdida de ingreso en caso de tener que dejar de trabajar y daños morales”, se señala en Conadecus.
DERECHOS REPRODUCTIVOS
En Miles creen que esta situación puede ser una oportunidad para discutir sobre la interrupción voluntaria del embarazo más allá de las tres causales y también ampliar la interpretación de “riesgo de vida de la madre”. De hecho, la corporación logró instalar un precedente jurídico al conseguir que la Corte de San Miguel instruya a los servicios de salud de Talagante a interrumpir el embarazo de una de las afectadas, dado el severo impacto psicológico y en la condición de vida de una joven frente a un embarazo no deseado.
“Ella presentó ideaciones suicidas y un estado de salud muy deteriorado. Le hicimos ver a la Corte de que estaba en riesgo la vida de la madre, lo que nos permitirá ampliar esta causal a otras circunstancias”, asegura la abogada Dragnic, y agrega: “Si el ministerio hubiese tenido la voluntad de haber resarcido en algo el daño, en su momento podría haber emitido una circular que ampliara la interpretación de la primera causal, pero no quisieron. Por eso nos vimos obligados a judicializar. Porque la representada solicitó la interrupción en diciembre, cuando tenía ocho semanas (cuando podía tratarse con Misoprostol, por ejemplo), y recién obtuvimos la resolución en marzo, a las 22 semanas (4 meses y medio). El centro de atención pudo haberlo hecho hace mucho tiempo, pero nunca contestó a nuestra petición”.
POR ERROR
Lo cierto es que el caso escaló a instancias internacionales, como aseguran en la organización Women’s Link Worldwide. “Hemos relevado una comunicación urgente y a fines de marzo informamos en los órganos internacionales de Derechos Humanos sobre la grave situación que viven las mujeres en Chile”, asegura María Cecilia Ibáñez, abogada de WLW. Afirma: “Ya estábamos en antecedentes de que, desde el estallido social de octubre de 2019, se dejó de distribuir en los servicios públicos el Misoprostol y ahora decidimos que lo mejor era continuar informando a los órganos internacionales a raíz de lo sucedido con el anticonceptivo Anulette CD”.
Al cierre de esta edición, tres estamentos de Naciones Unidas habían sido puestos en antecedentes: la Relatoría del Derecho a la Salud, el Grupo de Discriminación contra Mujeres y Niñas, y el comité de trabajo sobre empresas y DDHH.
La misma información, explica la abogada de WLW, fue enviada también a la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Aún no es una demanda, sino que se trata de poner en conocimiento de estos órganos que se estarían violando los derechos reproductivos de mujeres y niñas chilenas. Que se requiera al Estado de Chile y afronte las consecuencias”.
DANIELA MIRANDA (26 AÑOS): “NO AMO A LA GUAGUA”
“Consumía desde hace cinco años las pastillas anticonceptivas Anulette CD, que en el último tiempo retiraba en el Cesfam de Carol Urzúa. En mi familia hay antecedentes de miomas y quistes, así es que cuando me empezó a doler debajo del ombligo creí que era eso. Solo tenía cuatro días de atraso, jamás sospeché un embarazo. Pero en el consultorio me mandaron a hacer una eco y ahí supe que tenía tres meses… Fue la misma persona que me hizo el examen la que me contó del error de pastillas. Quedé en shock. Hasta entonces nadie nos había advertido que venían con problemas y las siguieron entregando…
Soy madre de un niño de cinco años. Hasta ese momento trabajaba como asistente de párvulos y ganaba menos del mínimo. Pensé en abortar (de manera ilegal), pero era muy riesgoso… Vivo de allegada en la casa de mis suegros; mi pareja es comerciante independiente. No amo a la guagua, todavía siento rechazo, rabia…”.
MAGDALENA PEÑA (30 AÑOS, CONCEPCIÓN): “ES INJUSTO ESTAR EMBARAZADA PORQUE FALLÓ EL SISTEMA”
“Empecé a consumir Anulette en 2014, después de que nació mi tercer hijo. Tuve al primero a los 16 años, gran parte de mi vida he sido mamá y ya con tres, no quería más. Quise esterilizarme, pero por mi edad no me dieron la posibilidad. Como quedé en lista de espera para la operación, comencé con las pastillas Anulette CD. En julio de 2020 supe que estaba embarazada. Se me vino el mundo abajo; perdí mi trabajo (como auxiliar del servicio de salud regional de Concepción) que era a honorarios, por lo que no tuve indemnización ni licencia. He estado muy enferma, no he logrado subir ni un solo kilo, y con la pandemia no hay ninguna posibilidad de que en el consultorio me atiendan como corresponde: me han visto puras matronas diferentes porque la única que había ya no está. He tenido que pagar particular cuando no me dan hora.
Con el padre de mi guagua empezamos a vivir juntos después de esto, él con sus tres hijos (de 16, 13 y 10 años) y yo con los tres míos (de 14, 12 y 7 años), todos en una misma casa. Me ha afectado mucho psicológicamente; he tenido que aprender a aceptar genios distintos, y cuando estás embarazada no es fácil…
El Estado debe hacerse cargo. Ser madre no estaba en mis planes, me cuidaba, y es injusto que ahora esté embarazada porque falló el sistema. Ser mamá es un costo que se lleva eternamente”.
MARÍA NAVARRETE ALARCÓN (30 AÑOS): UN HIJO QUE VIENE CON UNA GRAVE ENFERMEDAD
“Tengo seis meses y mi embarazo es delicado, porque el bebé viene con mucho líquido en uno de sus pulmones. Me han sometido a mil exámenes y tratamientos muy invasivos; a él le han puesto válvulas en los pulmones para que drene… Viene con la misma enfermedad con la que nació mi segunda hija (hoy de 15 años); una linfangitis pulmonar… Hay muy pocos casos en el mundo y por lo tanto no está en el Auge. Por suerte a mi hija la trataron gratuitamente en la Clínica Alemana, por el interés científico, hasta que en 2019 la operaron; tenía que estar encerrada porque hacía crisis de asma y pasaba a neumonía, incluso en verano.
Este bebé será probablemente el segundo caso.
Tengo dos hijos, fui madre a los 17 años y como la enfermedad de mi hija era muy demandante, tuve que dejar de trabajar y dedicarme exclusivamente a ella. Hice tres solicitudes en el consultorio para que me esterilizaran: me contestaron que solo tengo dos hijos y que la prioridad son las mujeres con cuatro o más. Te obligan a ser mamá. Hoy mi situación económica es pésima; por el estallido de 2019 me quedé sin trabajo y ahora estoy obligada a depender de mi pareja. El gobierno debería responder. Los hijos son para toda la vida”.
