En pantalla, la escena se lee como adrenalina, compañerismo y conexión salvaje con la naturaleza. Pero fuera del encuadre, el relato cambia de registro. Esa es la tensión que hoy envuelve a Pangal Andrade, a su hermano Lorenzo y a otros seis integrantes de El Clan, quienes deberán comparecer ante la justicia tras una denuncia que abre una pregunta incómoda para la televisión de aventuras: dónde termina la épica del contenido y dónde empiezan las reglas que protegen territorios que no son un set.
El episodio expone una fricción cada vez más visible en la industria del entretenimiento de no ficción. Se trata de la búsqueda de experiencias extremas y escenarios prístinos frente a una institucionalidad ambiental que ha endurecido sus criterios de control. Aquí el énfasis ya no está puesto en la proeza televisiva, sino en el marco regulatorio que rodeó las acciones necesarias para concretarla.
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Los hechos se remontan a marzo del año pasado, cuando el equipo llegó hasta el Parque Nacional Hornopirén, en la región de Los Lagos, con el objetivo de registrar los paisajes del lugar. De acuerdo con la Corporación Nacional Forestal, el grupo no contaba con los permisos necesarios para realizar esa incursión.
Según la entidad, si bien existieron contactos previos, la producción no habría concluido el trámite administrativo, por lo que el ingreso no estaba autorizado. Aun así, según la denuncia, los integrantes del espacio habrían accedido por pasos no habilitados, operado drones dentro del parque y encendido una fogata, para luego abandonar la zona en helicóptero.
Más allá de lo anecdótico o espectacular que estos elementos puedan resultar en clave televisiva, el punto crítico para la autoridad es que se trata de un área silvestre protegida, sujeta a regulaciones específicas orientadas a minimizar el impacto humano y prevenir riesgos, especialmente los asociados al fuego.
La situación generó molestia en la zona, donde el resguardo del entorno natural es también un asunto de identidad y economía local. En ese contexto, la alcaldesa de Hualaihué, Cristina Espinoza, expresó una crítica frontal al presunto actuar del equipo. “Los encuentro unos irresponsables. Es un abuso y una insolencia. Siempre lo mismo: vienen como Pedro por su casa porque saben que falta fiscalización”, señaló en conversación con BioBioChile.
La audiencia de formalización está fijada para este miércoles 4 de febrero a las 10:45 horas en el Tribunal de Garantía de Hualaihué. En esta instancia, la fiscal Nathalie Yonsson presentará cargos por uso ilícito de fuego en áreas protegidas, un delito que en Chile puede derivar en multas de alta cuantía. E incluso, en penas de presidio, según lo que determine el tribunal y la eventual existencia de agravantes o reincidencia.
