Por Claudia Pérez Fuentes

Este año se cumplen dos décadas desde que algunos conjuntos habitacionales fueran declarados Zona Típica por el Consejo de Monumentos Nacionales; entre ellos, la población Madrid, en la comuna de Santiago, y la población Caja de Seguro Obrero, en Providencia. Cada uno, además de los atributos por los que se decidió protegerlos –arquitectónicos, sociales, urbanos, patrimoniales, etcétera–, tiene el valor de representar una parte de la historia y evolución de las políticas que el Estado de Chile ha adoptado en torno a la vivienda social; sobre todo desde fines del XIX, cuando el tema cobró particular relevancia a raíz de las precarias condiciones en las que miles de personas se veían obligadas a vivir, por ejemplo, al mudarse desde zonas rurales a ciudades que no estaban preparadas para recibirlas.

Chile fue uno de los pioneros de América Latina en abordar el asunto que se convirtió en una de las principales reivindicaciones de los movimientos sociales y grandes masas obreras alrededor del mundo. Así, en 1906, se creó la Ley de Habitaciones Obreras, la primera norma social promulgada en el país con la que, a través de “una acción higienizadora”, se buscó regular las condiciones de habitabilidad demoliendo espacios insalubres como conventillos, campamentos y cuartos redondos que no contaban con ventilación ni luz natural, reemplazándolos por la tipología más representativa de este período: los cités. 

De ahí en adelante se sucedieron leyes y decretos cuyo espíritu era seguir mejorando inmuebles y paliar el déficit habitacional. Con este objetivo surgió, por ejemplo, la Ley de Habitaciones Baratas que, en 1925, fomentaba la construcción de viviendas. Nacieron entonces los grandes conjuntos o poblaciones con casas de fachada continua o aislada, de entre 40 y 100 metros cuadrados, tres dormitorios y patio, que además configuraron una nueva morfología urbana. Más tarde, décadas del 30 y 40, la fisonomía de estos asentamientos comenzó a ser determinada por los lineamientos del Movimiento Moderno, donde la racionalidad, funcionalidad y austeridad daban la pauta a través de bloques de viviendas en altura, su tipología más típica en el ámbito de las soluciones habitacionales.

Sin embargo, no fue sino hasta 1950 –época en la que también surgieron las llamadas casas Ley Pereira para sectores de ingresos medios–, cuando la corriente modernista explotó y se extendió a todo Chile, incluso hasta los años setenta. Bajo sus principios se levantaron construcciones icónicas como la Unidad Vecinal Portales (1966), en Estación Central; la Unidad Vecinal Providencia (1968), Providencia; y la Villa Olímpica (1967), en Ñuñoa, varias impulsadas además por una de las instituciones estatales más emblemáticas en materia habitacional: la Corporación de la Vivienda, CORVI, concebida en 1953 como el organismo motor a cargo no solo del estudio y fomento de la construcción de inmuebles económicos, sino también de la intervención y urbanización de los barrios, haciendo de su acción algo más integral.

Con la Dictadura, y de ahí en más, el Estado dejó de tener un rol protagónico y benefactor en la construcción de viviendas sociales –así como en la regulación del crecimiento urbano–, traspasando gran parte estas responsabilidad a privados con las consecuencias que ya todos conocemos.

Sobre la autora

Claudia Pérez es periodista con experiencia en medios de comunicación, así como en comunicaciones estratégicas internas y externas. “Amo lo que hago, en especial cuando se trata de promover y visibilizar una de mis pasiones, nuestro patrimonio cultural en su sentido más amplio: desde ese que nutre y sustenta nuestra historia e identidad como país; hasta el que da vida y fundamento a un grupo u organización, teniendo ambos como componente más valioso el capital humano”.

FOTOS por MORITZ BERNOULLY para Devisare.com