Según la Crónica de Sufragio Femenino en Chile por Diamela Eltit, en la primera mitad del siglo XIX la mujer chilena transitaba «de manera restringida desde el convento al hogar, entre la caridad pública, (ofrendas, enfermos, ancianos), la abnegación familiar y su pulcritud doméstica, ajena a las transformaciones políticas que se avecinan y distante aún de todo cuestionamiento de su rol». 

Sin embargo, la lenta pero sostenida implementación del sistema educacional, formaría parte clave del cambio, así como también un instrumento fundamental para ampliar los espacios sociales para las mujeres, que finalmente les permitiría integrarse al sistema productivo del país, sacándolas de su anónimo y sostenido quehacer doméstico.

En aquellos tiempos, los derechos de las mujeres solteras eran, en cierto modo, similares a las de los hombres. Sin embargo, la mujer casada resultaba la más perjudicada ante la ley. Así, la Patria Potestad concedió al marido amplios poderes sobre los bienes, el cuerpo, la integridad física de la esposa, entre ellos la imposibilidad de realizar actividades comerciales sin el permiso de su esposo, así como también votar.

En el año 1875 un grupo de mujeres de San Felipe que repudiaron la situación, se reunieron dispuestas a ejercer su derecho a voto, aludiendo a la Constitución, que no expresaba ninguna ley que les impidiera votar, ya que se garantizaba la igualdad ante todos los chilenos. Tras esto, una ley dictada en 1884 prohibe expresamente el derecho a voto a la mujer chilena.

Durante largos años, donde primaron los movimientos por la emancipación de la mujer chilena, el esfuerzo por poder optar por educación superior y su rol en la sociedad, las mujeres chilenas continuaron sin tener voz ni poder de elección con respecto a los lideres del país, y mucho menos, ser parte de ellos. 

Sin embargo, el voto político, no es el motivo principal que impulsa la creación de las primeras organizaciones de mujeres, sino el problema abierto por la desigualdad legal femenina. Así, asociaciones, organizaciones y partidos políticos de mujeres surgen en la primera mitad del siglo XX.

De esa forma, el derecho a voto se plantea poco a poco como una condición principal en la organizaciones de mujeres. Quienes veían con ilusión como en países desarrollados como Estados Unidos o Inglaterra, habían obtenido esa conquista que tanto anhelaban. 

En 1931 y tras la creencia de que el voto femenino va a incrementar las filas de la derecha política, se dicta el D.F.L N° 320 (art.9, letra b) que habilita a la mujer para votar en las elecciones municipales, dando espacio también a que varias puedan optar por presentarse como candidatas electas para desempeñar distintas funciones.

Sin embargo, se trata de un voto restringido y casi de carácter experimental. Ante esto, nace la necesidad de las mujeres de profundizar su lucha y obtener el voto político irrestricto. Así, se funda en 1933 el Comité Pro Derechos Civiles de la Mujer, creado por Felisa Vergara, que crea un proyecto de ley sobre los derechos cívicos de la mujer.

Finalmente, en 1941 y luego de 66 años de la primera manifestación por parte de las mujeres con respecto al derecho a voto, el entonces Presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda, comunica el deseo de legislar sobre el sufragio femenino. Ahí, Elena Caffarena y Flor Heredia, precursoras del feminismo en Chile, tienen la importante labor de redactar el anteproyecto.

Sin embargo, Aguirre Cerda enferma y muere a los pocos días, sembrando nuevamente el desconcierto entre las mujeres chilenas, quienes quedan a la espera del siguiente paso. Para recién dos años después, ver como finalmente el proyecto retoma fuerzas luego de realizarse el Primer Congreso Nacional de Mujeres en Santiago. 

A partir de ahí, y con el esfuerzo y presión de las organizaciones, partidos y activistas políticas de la época, el proyecto comienza a ver la luz y finalmente en 1948 se aprueba el proyecto de ley. El 8 de enero de 1949 en un acto público del Teatro Municipal, con la asistencia del Presidente de la República, Gabriel González Videla, se firma la ley que autoriza el voto político de la mujer.

En 1952, las mujeres pudieron finalmente determinar qué gobierno y que proyecto político las va a representar. Aquel año, Carlos Ibañez del Campo fue electo, y desde entonces la participación de la mujer en los procesos electorales se fue ampliando progresivamente hasta que alcanzaron la paridad con los votantes masculinos en 1970.