Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs y marido de Taylor Swift, figura entre los inversores afectados por una millonaria estafa financiera en Estados Unidos.

El nombre del deportista fue mencionado en el tribunal como una de las víctimas del caso contra Siddharth Jawahar, un asesor financiero que fue condenado a 11 años de prisión por operar una estafa piramidal a través de su empresa Swiftarc Capital. Hasta ahora, no se ha informado cuánto dinero habría invertido Kelce ni cuál habría sido su pérdida.

Jawahar, de 38 años, se declaró culpable en enero de tres cargos de fraude por medios electrónicos. El martes, un juez de Misuri lo sentenció a 11 años de cárcel y ordenó el pago de 31,35 millones de dólares en indemnizaciones. De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito Este de Misuri, el fraude se extendió desde 2016 y el acusado tomó más de US$35 millones de Swiftarc, aunque solo habría invertido alrededor de US$10 millones entre julio de 2016 y diciembre de 2023.

Gran parte de esos fondos fue destinada a una misma inversión, Philip Morris Pakistan. Cuando el valor de esta cayó, Jawahar habría entregado información falsa a los inversores sobre la rentabilidad de sus fondos y sobre operaciones que en realidad no había realizado.

Según los antecedentes del caso, el funcionamiento de la estafa correspondía a un esquema Ponzi, en el que utilizaba dinero de nuevos inversores para cumplir obligaciones con quienes habían ingresado anteriormente. Parte del dinero también fue utilizado en gastos personales, entre ellos jets privados, hoteles, departamentos de lujo, ropa, comidas y membresías en clubes privados.

Aunque Kelce aparece identificado como una de las víctimas, las autoridades no han detallado su participación económica en Swiftarc Capital ni cuánto dinero habría perdido. El deportista ha construido además un patrimonio a través de su carrera en la NFL y distintos negocios, entre ellos el podcast New Heights, que conduce junto a su hermano Jason.

Por ahora, la condena contra Jawahar pone fin a la causa penal por el fraude, mientras los inversores afectados deberán esperar la restitución ordenada por el tribunal.