Una vez más las medidas migratorias del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generan revuelo.
Una nueva normativa migratoria de la administración de Trump está causando revuelo en Estados Unidos. Esto, porque busca restringir el ingreso y la residencia de personas con enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad. Algo que ha generado fuertes críticas de expertos y organizaciones humanitarias, ya que la catalogan de discriminatoria, además de moralmente cuestionable.
De acuerdo a un documento, enviado por el Departamento de Estado a embajadas y consulados, los funcionarios de visas deben evaluar la salud de los solicitantes, analizando si representan una “carga pública”. Con esto apuntan a que su atención médica podría traducirse en gastos significativos para el sistema de salud estadounidense.
Según KFF Health News, esta normativa amplía los criterios de salud en la evaluación de solicitantes, ya que anteriormente solo se enfocaban en enfermedades contagiosas y vacunas. Sin embargo, ahora, la obesidad y la diabetes se han convertido en factores decisivos si hablamos de visas.
Por su parte, expertos en salud pública ven esto con preocupación debido al tipo de poder que se le está entregando a funcionarios que no tienen la formación médica necesaria para emitir este tipo de juicios. Esto, ya que, según expertos, se pueden basar en simples proyecciones en base a sus conocimientos o prejuicios personales. En otras palabras, acusan una falta de fundamentos científicos en el proceso, lo que amenaza la equidad y se puede prestar para prácticas discriminatorias.
Además, el documento también sugiere que se considere la situación médica de los familiares del solicitante, incluyendo hijos o padres ancianos, y su capacidad económica para cubrir tratamientos sin recurrir al apoyo estatal. “¿Cuenta el solicitante con recursos financieros suficientes para cubrir los costos de dicha atención durante toda su esperanza de vida sin asistencia pública?”, pregunta el texto. Una evaluación económica complica aún más el proceso migratorio.
Esta normativa forma parte de un enfoque más amplio de la administración Trump, que intenta limitar el crecimiento de la población inmigrante y priorizar a aquellos que se consideran económicamente autosuficientes. Un enfoque muy criticado por sus restricciones y por cómo se puede penalizar a personas que, aún con desafíos de salud, podrían contribuir de forma positiva en la sociedad.
Tanto organizaciones humanitarias como expertos en derechos humanos y defensores de la inmigración denunciaron esta política como un ataque a la dignidad humana, catalogándolo de inaceptable. Argumentan que no solo desafía principios éticos y médicos, sino que también contradice los valores de un país que se define como un refugio para quienes buscan mejorar sus vidas.
