Por Claudia Pérez Fuentes / @clauperezfuentes

Hace poco, los urbanistas y arquitectos, así como varios otros profesionales y organizaciones ligadas al ámbito de la ciudad, celebraron la creación de una instancia que hace rato venían pidiendo: la implementación de un banco de suelos. Una política que impulsará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), y que tiene como objetivo principal garantizar –mediante la adquisición por parte del Estado–, el aprovisionamiento de terrenos urbanos bien localizados, para la construcción de proyectos habitacionales integrados a los servicios y equipamientos de las ciudades.

La idea de asegurar la disponibilidad de predios para la generación de viviendas pretende, además, ayudar a paliar el déficit habitacional que supera los 450 mil inmuebles en todo Chile; número que se ha incrementado, por ejemplo, por la dificultad que en algunos casos tienen las personas que se han adjudicado subsidios habitacionales, pero que no pueden hacerlos efectivos porque no hay proyectos disponibles.

El banco de suelos que ya existe en varios países de América Latina, implica también una transformación en el rol que el Estado ha tenido durante los últimos años en cuanto a planificación urbana: de ser casi un mero espectador –limitándose a poner los recursos y establecer normativas–, pasará a tener un papel bastante más activo, involucrándose de manera directa en la forma de hacer ciudad.

Son tiempos de cambios, y este sector está acusando recibo con medidas como la mencionada y otras tan necesarias –y urgentes–, como la integración social. En este sentido, destaca el Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana que el ejecutivo ingresó al congreso a fines del año pasado y que contempla cuatro ejes esenciales, según resume el sitio de noticias uchile.cl: la fusión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el de Bienes Nacionales en el Ministerio de Ciudad y Vivienda, aumentando sus atribuciones; la densificación en zonas de desarrollo urbano a través de la creación de zonas de integración urbana, en las cuales se flexibilizan las condiciones de construcción; una política de arriendo protegido; y una mayor fiscalización en materia de viviendas sociales.

Si bien la propuesta ha sido en general bien acogida, ha recibido críticas por parte de quienes piensan, por ejemplo, “que abre las puertas a la corrupción”, como dijo en una columna publicada en Ciper Chile, el presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman: “En apariencia suena muy atractivo y democrático, pero leyendo el proyecto se concluye que es solo un traje a la medida de las constructoras que tienen capacidad de llevar a cabo inversiones de importancia”.

Académicos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, también han planteado reparos en lo referido a la entrega de terrenos urbanos del fisco a inmobiliarias, para la construcción de proyectos con cuotas de viviendas sociales; una medida que para el profesor Ernesto López, “no es necesaria”, según expresó en uchile.cl. El académico Ricardo Tapia opinó en el mismo medio: “Hay dos lógicas que no calzan. Una que es la reproducción del poder económico a través de buenas inversiones y una integración social urbana que es solamente el nombre”.

Sin embargo, y más allá de las imperfecciones que pueda tener el proyecto –que espero sean atendidas y corregidas–, valoro que la integración social esté siendo tratada como política pública, algo en lo que sentó las bases la Política Nacional de Desarrollo Urbano, PNDU, confeccionada entre 2012 y 2013 por una comisión de expertos, convocada por el Presidente de la República que dio cuerpo a una hoja de ruta –la PNDU–, para el desarrollo de nuestro país y sus ciudades en los próximos 50 años. En algo se está avanzando.

Sobre la autora:

Claudia Pérez es periodista con experiencia en medios de comunicación, así como en comunicaciones estratégicas internas y externas. “Amo lo que hago, en especial cuando se trata de promover y visibilizar una de mis pasiones, nuestro patrimonio cultural en su sentido más amplio: desde ese que nutre y sustenta nuestra historia e identidad como país; hasta el que da vida y fundamento a un grupo u organización, teniendo ambos como componente más valioso el capital humano”.