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Columna @LenkaC

El perdón de los ex

Por Lenka Carvallo | 10 diciembre 2019

Compungidos, Boric y Jackson pidieron perdón. La estrategia de aprobar un proyecto de la ley anti-saqueos cuando según ellos “criminalizaba el movimiento social” les pegó en la cara y tensionó aún más al bloque cuya fisura no hace más que crecer.

Ver a Giorgio Jackson (Revolución Democrática) y a Gabriel Boric (Convergencia Social) al borde del puchero, explicando a través de sus redes sociales que se equivocaron al votar la idea de legislar de la llamada “ley antisaqueos”, me recordó –cómo evitarlo– a ese ex que todos alguna vez tuvimos. Aquel que arrepentido, sorprendido ante una evidente deslealtad o superficialidad ante una decisión importante, adelantándose a lo inevitable, es decir, a que la verdad caiga con su abrumador peso, arruga la frente, pone ojos largos y compungido dice que no fue su intención.

Pero cuando la embarrada ya está hecha.

Ya en el mismo día que el Presidente Piñera anunció en cadena nacional el envío urgente del proyecto al Congreso – despachado a mediados de la pasada semana– este fue aprobado en plazo récord por 127 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones. A favor, como se puede deducir, estuvo buena parte de la bancada del FA, pero no todos, lo que sin duda dividió –una vez más– al jovial conglomerado que ya ha venido ampliando la fisura tras la renuncia de Javiera Parada a su militancia (oponiéndose a la acusación constitucional contra Sebastián Piñera), y el quiebre tras el apoyo de Boric al Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.

Volviendo a la analogía del ex, aquí Jackson y Boric aplicaron control de daños con sentidos videos pidiendo perdón cuando el voto estaba consumado y en Twitter prendía con bencina el hashtag #FrenteAmplioTraidor.

“Ha sido un día difícil”, dijo en sus redes sociales Giorgio Jackson . “Nos equivocamos porque con la excusa de los saqueos, el gobierno crea sanciones particulares ante actos como rayar murallas o las tomas de terrenos… Nos equivocamos porque a través de la aprobación buscábamos sumar votos de otros parlamentarios para eliminar esos artículos nefastos y no resultó como esperábamos (…). Reconozco nuestro error. Terminamos atrapados en una jugarreta del gobierno”.

En esa misma línea fue la autocrítica de Gabriel Boric: “Desde el día uno hemos estado con la protesta social, hemos participado de ella; personalmente creo que desde la izquierda debemos defenderla pero tampoco tener miedo para denunciar a aquellos que, aprovechándose de la protesta social para delinquir, cometer saqueos e incendios, tenemos que ser capaces de rechazarlo con firmeza (…). Pero me parece importante hacer una autocrítica y decir que no debiéramos haber aprobado en general este proyecto de ley porque se ha entendido como una criminalización a la movilización, de la cual nunca vamos a ser parte”.

La situación revela varios errores de forma y fondo. De forma, porque la estrategia de aprobar un proyecto de ley para luego rechazar las indicaciones más “nefastas” que “criminalizan el movimiento social”, como se argumentó, es desde luego arriesgada en momentos que la política ya no está para triquiñuelas, por muy bien intencionadas que sean. De fondo, porque los ciudadanos más que nunca requieren señales claras, decisiones bien pensadas –no entre cuatro paredes– y confiar –si es que eso todavía es posible– en que sus representantes saben lo que hacen y no son una tropa de niños erráticos apostando a ser redimidos a través del mediático harakiri.

Como guinda de la torta, esta vez desde en el Senado vino el salvataje y el tirón de orejas donde, a partir de una “hoja en blanco”, la Comisión de Seguridad Pública suprimió casi la totalidad del texto emanado de la Cámara Baja. La indicación la dio la vieja línea política, apoyada por los senadores José Miguel Insulza (PS), Felipe Harboe (PPD) y Francisco Huenchumilla (DC), y rechazada por los oficialistas Kennet Pugh (ind. RN) y Víctor Pérez (UDI), derogando la incorporación de un nuevo artículo al Código Penal, el que tipificaba delitos relativos a desórdenes públicos, entre ellos, las barricadas o la ocupación de bienes inmuebles.

La única disposición que los senadores mantuvieron de lo aprobado por los diputados fue la norma que incorpora la obligación de aplicar el grado mayor de la pena a los delitos de robo en lugar no habitado, conocida como “antisaqueo”, la que de todas formas, según advirtieron los parlamentarios, será modificada.

Y así, deshaciendo los errores previos y rehaciendo para mejor, la realidad paralela que representa hoy el Congreso sigue su curso…

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