Una decisión personal

Tras la aprobación por parte del Tribunal Constitucional de esta relevante ley, sólo queda que se promulgue y entre en vigencia. Desafíos, inquietudes y tareas trae consigo este proyecto, que no estuvo exento de problemáticas, y que permitirá que, muchas mujeres puedan decidir por su destino.

Por Catalina Morgado C.

“Nunca lo pensé…mi familia es católica, pero la verdad no estaba en mis planes, y nunca lo estuvo, tener un hijo. Me embaracé, pese a que me cuidaba, y al saberlo, el pánico y miedo me invadieron, pero en el fondo sabía que no quería tenerlo. Mintiéndole a algunos conocidos llegué hasta Pilar, una chica que vende Misotrol, y que, según una amiga, era de confianza. Le compré la dosis que leí en Internet que podía asegurar lo que quería hacer, pero igualmente me surgieron miles de dudas y a cada rato me preguntaba si estaba bien. Mi pareja me acompañó en todo momento y después de algunas horas de sufrimiento, fiebre, dolores abdominales, diarrea y escalofríos, mi cuerpo, al parecer, había vuelto a la normalidad”, relata Ana de 33 años.

Este es uno de los casos más frecuentes de aborto en Chile, según cifras no oficiales serían unos 16 mil abortos por año, y su reiteración es debido a diversas explicaciones que no tienen ninguna relación con el proyecto de ley que fue aprobado por el Tribunal Constitucional. Este regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: para evitar un peligro para la vida de la mujer, cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina, o cuando el embarazo sea producto de una violación.

Estas son las causales que aprobó el pasado lunes 21 de agosto el Tribunal Constitucional, por seis votos contra cuatro, luego de una extensa tramitación en el Congreso. Y que según cifras del Ministerio de Salud beneficiará a 2.500 mujeres en 2018.

Muchas son las situaciones, que han ocurrido desde que se penalizó el aborto en todas sus causales, en 1989. De 2001 a 2012 se pudo establecer que hubo 395.905 interrupciones del embarazo antes de las 22 semanas de gestación, las cuales se encontraban en situaciones críticas (datos de Gobierno). El ginecólogo obstetra de clínica Universitaria de Concepción, Carlos Henríquez, recuerda que, en sus años de internado en el Hospital, vivió una situación terrible con una paciente. “Padecía un sarcoma uterino, que tiene un buen pronóstico cuando le sacas el útero, pero ella tenía un embarazo intrauterino, por lo tanto, en vista de que no había ley, no se pudo interrumpir el embarazo. A las 18 semanas se rompieron las membranas, y con feto vivo tampoco se podía obstaculizar el embarazo, y en esas circunstancias se corre el riesgo de que se infecte. Finalmente, a la semana 22 llegó con un cuadro infeccioso, fiebre y abdomen agudo, se puso séptica rápidamente, tuvimos que sacarle el útero entero. La extracción fue espantosa, porque era pus y sangre. Fue una cirugía superlaboriosa y difícil, finalmente la paciente se fue a la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y 2 días después murió de una infección”.

Este profesional, de vasta experiencia, explica esta situación: “al no tener los recursos para legislar, para poder sacarle el útero en un principio, esta paciente se murió. Yo creo que es de suma importancia tener la puerta, en estos casos, para que la paciente decida”.

A raíz de este tipo de situaciones y otros miles de casos, el gobierno presentó este proyecto que se acaba de convertir en ley, donde “los derechos de las mujeres están en el centro de la propuesta. Por esa razón, las tres causales de interrupción legal del embarazo que el documento aborda exigen la expresión de voluntad libre de la mujer, sin la cual dicha interrupción no puede tener lugar. En los casos específicos en que la mujer es incapaz, está incapacitada o cuando es menor de 14 años, el proyecto propone reglas especiales para resguardar su voluntad”.

La primera causal tiene como finalidad permitir que la mujer tenga acceso a los tratamientos médicos necesarios para preservar su vida, aun cuando la realización de los mismos impliquen la interrupción del embarazo. A su vez, la segunda causal, consiste en aquellos casos en que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genéticas que sean incompatibles con la vida extrauterinas, las que deberán ser debidamente diagnosticadas por un equipo médico. Forzar a la mujer a llevar a término tal embarazo, o bien obligarla a que espere la muerte del feto, supone mantenerla en un permanente estado de duelo, describe la ley.

Finalmente, la tercera causal, comprende los embarazos que se originan por una violación. Es decir, la mujer se encuentra embarazada por un acto realizado contra o sin su voluntad mediante la violencia o coerción. En estas circunstancias, no es posible exigirle, la continuación del embarazo si es que ella no quiere mantenerlo debido a su origen. En el caso de las menores de 14 años, deben actuar con la autorización de su representante legal, sea su padre o madre u otro adulto responsable.

En cuanto a este proyecto, la matrona, magíster y Doctor en salud pública, Mercedes Carrasco, explica “la idea es conocer otras experiencias para estar preparado, una cosa es la ley y la otra, es la implementación, coordinación y protocolo. Hay una red fuerte en Chile que se puede hacer cargo de la implementación y existen profesionales capacitados”.

Situación en Chile

Nuestro país era, antes de la aprobación del proyecto, una de las naciones en América Latina y el Caribe en que no estaba permitido el aborto bajo ninguna circunstancia, junto a El Salvador, Honduras, Nicaragua, y República Dominicana. Añadiéndose a este listado: Malta y el Vaticano.

Es así como en Chile se desarrollaron distintas encuestas para medir la percepción de la población sobre el aborto, la última fue realizada por Plaza Pública Cadem en el mes de julio, que dio como resultado que un 61% de los chilenos considera que la mujer debería tener derecho a hacerse esta práctica, pero sólo bajo algunas situaciones.

Otra de las conclusiones fue que un 69% de los encuestados, está de acuerdo con que se despenalice el aborto bajo tres circunstancias específicas: inviabilidad del feto, riesgo de salud de la madre y por violación.

Las cifras avalan el requerimiento ciudadano. Según un informe del departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Minsal, sobre las atenciones en el sector privado durante el 2014, sobre parto normal, distócico, cesárea, y aborto, por región y comuna a nivel nacional, indica que en ese período se realizaron 18.836 partos normales, 772 distócicos, 54.657 cesáreas, y 9.599 abortos, cifra que es considerada como una aproximación a números reales.

Los resultados anteriormente nombrados, comprenden el aborto como la interrupción del embarazo en términos generales y no están divididas por terapéuticos o naturales.

Según datos del Ministerio de Salud, el año 2016, fueron dadas de alta, del hospital, más de 30 mil chilenas, después de ser tratadas por abortos espontáneos o provocados. Por su parte, la organización de derechos sexuales y reproductivos Miles Chile, estima que se realizan entre 60 y 70 mil abortos clandestinos al año.

La estimación del número de muertes por la segunda causa del proyecto, asumiendo un número de partos anuales de 250.000, sería alrededor de 500 por año, según prevalencias por patologías. Cifras entregadas por la Secretaria General de la Presidencia en 2015.

“Es superbueno que se hable este tema porque al existir una ley para estas 3 situaciones, es darle una oportunidad a la mujer, que no significa que todas vayan a abortar, pero está la alternativa”, comenta el doctor Henríquez.

Funcionamiento

Este proyecto, que ya se aprobó como ley, apunta, tal como lo detalla, “a situaciones extremas en que la afectación de la dignidad y de los derechos de la mujer es tal que no puede sino garantizarse un espacio de discernimiento para ella. Por lo mismo, la voluntad libre expresada de manera escrita y previa es un supuesto de todas las causales”.

El documento indica que, en cualquiera de las causales, se obliga al prestador del servicio de salud, entregar información veraz a la paciente, para que, de esta forma, pueda tomar una decisión. Todo esto en concordancia con la ley Nº20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, así ésta ejerza informada y libremente su opción.

Además de lo anterior, el prestador debe entregar, por escrito, información sobre alternativas a la interrupción del embarazo. Por otro lado, es necesario contar con diagnósticos certeros que permitan realizar las acciones de salud necesarias con respecto a la legislación vigente.

Este proyecto contempla el diagnóstico de un (a) médico (a) cirujano(a), ratificado por el de otro profesional, exceptuando los casos en que se requiere una intervención médica inmediata e impostergable, cuando, por ejemplo, el riesgo para la vida o salud de la mujer sea inminente. No se necesita lo anterior en el caso de un embarazo ectópico.

En el caso de un embarazo por violación, no se le impondrá a la mujer someterse a un proceso penal, como condición para interrumpir su embarazo. La prestación médica no va a depender de los resultados de un proceso penal.

Además de lo anterior, se establece que la mujer es quien debe decidir si continúa o no con el embarazo. La manifestación de voluntad debe ser expresa, previa y contar por escrito, cuando no es posible esta situación, el proyecto se remite a la legislación vigente.

Este punto es de suma importancia, ya que la madre podrá decidir lo que más le acomode de acuerdo a sus creencias o la situación en que se encuentre viviendo.

“He recibido muchos casos de bebés que son incompatibles con la vida. De todas las pacientes que he podido atender tanto en el área pública como privada, no hay ninguna que se haya visto arrepentida de haber esperado hasta el minuto en que su guagüita dejó de vivir por cuenta propia. Hace poco tuve el caso de una mamá que tenía un bebé polimalformado. Se esperaba que naciera y muriese, vivió 1 día y medio. El segundo día que la fui a ver para saber cómo estaba me dice que se encontraba tan agradecida de la oportunidad que tuvo, porque se pudo despedir de su hijo… Las que han decidido culminar su embarazo son felices porque terminan el ciclo de una manera distinta”, relata la matrona y magíster en salud reproductiva, Evelyn Gaete.

Sea la situación que sea, es relevante que la alternativa de tener o no a ese bebé exista, así lo explica el doctor Henríquez, “Yo creo que es superimportante tener la puerta, en estos casos, para que la paciente decida. Si existe un problema cromosómico, incompatible con la vida, ella podrá tener la opción de interrumpir el embarazo o llevarlo a término y poder acompañarla en ese proceso. En ambos casos, no solamente debe haber un tema de ley, sino que todo lo que implica un apoyo a esa pareja, a la familia, un acompañamiento psicológico, hasta que estén dados de alta, tanto la paciente que decide abortar ya sea por violación, malformaciones, o por enfermedades que la colocan en riesgo a ella, porque claramente es una decisión difícil”.

Natalia Arriagada vivió en carne propia un embarazo inviable, después de años de intentar tener un hijo, finalmente quedó embarazada el 2015, pero su hijo padecía una grave malformación congénita, que cambió en 180º los planes de la pareja. “A las 12 semanas de gestación me hice una ecografía. Lo que más anhelaba saber era si era niño o niña. Al finalizar el estudio el médico me dice que mí bebe no viene bien, que padece una malformación congénita incompatible con la vida: anencefalia, que lo más probable era que no sobreviviría el embarazo o al parto, y que de nacer sólo podía vivir algunas horas o días. Tal fue mi desconcierto que no podía parar de llorar, se hacía trizas mi proyecto como madre, de crianza, todo lo que esperaba y había soñado para mí y mi familia se desvanecía”.

Prosigue: “al día siguiente fuimos a ver a mi ginecólogo, y nos propuso la posibilidad de interrumpir el embarazo (como le llaman sutilmente al aborto). Nosotros ya lo habíamos decidido, nuestro hijo merecía la oportunidad de vivir, aunque fueran sólo unos pocos minutos u horas. Decidí llevar un embarazo consciente; con mucha lectura, alimentación saludable, entre tantas cosas. Carlitos Benjamín finalmente nació el 23 de enero de 2016, a través de un parto rápido e intenso, en el cual nos convertimos en padres. Habíamos dado instrucciones al personal médico de que queríamos conocerle tan pronto estuviera en condiciones y que estaría con nosotros todo el tiempo que viviera, y lo hizo por 13 horas, que han sido las más intensas de mi vida”.Aunque Natalia eligió continuar su embarazo indica “lo único bueno de la nueva ley, es que no es obligatoria ni impositiva, permite que la mujer pueda optar por la vida, la esperanza y el amor”.

Así también lo explica la especialista en salud Pública, Mercedes Carrasco, “la idea es que la gente no se quede con la idea de que esto es una obligación, sino que es una oportunidad para quienes han pasado por pérdidas o embarazos complejos, como anencefalia, que les han generado incluso depresión”.

Una experiencia totalmente distinta fue la que vivió Karen Espíndola. Su caso fue conocido a través de los distintos medios de comunicación por solicitar el derecho de las mujeres a abortar, en esas situaciones. Karen supo el 2008 que estaba embarazada, pero a las 12 semanas se enteró de que era inviable. Tras esto, golpeó todas las puertas para intentar abortar, pero no fue posible. Su hijo Osvaldo nació y vivió un poco más de 2 años, pero la dejó en pésimas condiciones psicológicas, con una gran depresión, y con deudas millonarias, ya que el pequeño tenía distintas patologías: tretaplejia, microcefalia, graves problemas hormonales, epilepsia, desnutrición crónica y no comía por sí solo. Una pesadilla.

Futuro

Cómo se va a llevar a cabo la ley, es una de las interrogantes de muchos, ¿está preparada el área de la salud para detectar los casos que se especifican en las tres causales? Según el doctor Carlos Henríquez, preparar una comisión es algo rutinario que realizan los centros asistenciales, “no es difícil, se hacen todo el tiempo, cuando hay muertes neonatales, hay reuniones clínicas todas las semanas en los servicios tanto privados como públicos. Si es urgente se puede llamar rápidamente a una reunión y dejar estipuladas las personas que van a asistir”.

En cuanto a la segunda causal, el ginecólogo obstetra, jefe del servicio de maternidad del Hospital de Coronel, Rodrigo Mardones, indica lo siguiente: “va a ser complicado, nosotros tenemos que ser capaces de decir que un bebé trae una patología determinada, sindroma o alteración cromosómica, y para ello es necesario tener especialistas, que puedan realizar, a través de exámenes que en Chile no se hacen en forma rutinaria. Tenemos que extraer tejidos de la placenta, del corion, o líquido amniótico, y llevarlo a un estudio genético, y acá en la Región no hay especialistas en medicina Materno Fetal, que realicen esos estudios, y, además, eso tiene un costo. ¿Quién va a asumir ese costo?”.

“La idea es que tú puedas decir con esta ley, antes de tiempo, las problemáticas que trae el bebé, y así poder decidir. Nosotros tenemos que tener la certeza de que viene con alguna patología. Hay que extraer un tejido, es un procedimiento invasivo, y se lo llevamos al genetista, y recién ahí puedes hablar de inviabilidad. Sin esto, podrían pasarse pacientes que pudieran haber tenido una chance”, relata el doctor Mardones.

En este mismo sentido, la matrona Evelyn Gaete señala, “la ley te va a dar una opción, hay que ver si la salud pública chilena está en condiciones de ofrecer a esa mujer todos los medios para el diagnóstico oportuno y certero. Porque para asegurar malformación incompatible con la vida, tienes que hacer un estudio acabado, significa realizar un análisis citogenético, de ADN, si no tienes los medios para hacerlo ¿cómo lo harás? Ningún médico va a querer interrumpir cuando no tiene certezas”.


A raíz de todas estas inquietudes, el Ministerio de Salud informó que se capacitarán a más profesionales para aumentar el bajo número de sólo 17 especialistas materno fetales con los que cuenta el sistema público y se adquirirá el equipamiento necesario para entregar la prestación.

Una vez promulgada esta ley, los profesionales del área de la salud esperan todos los protocolos y especificaciones para llevarla a cabo. A pesar de esto, según los especialistas, hay tareas que resolver y que tienen relación con educación sexual.

“Tenemos mayor educación en la salud pública en Chile, tenemos más acceso a métodos anticonceptivos, pero igualmente falta educación en los colegios, no hay que ponerse una venda”, comenta el doctor Mardones.

Al respecto, la especialista en salud pública, Mercedes Carrasco, explica, “nuestro país necesita de manera urgente, una política real, una ley obligatoria, de salud sexual y reproductiva, tenemos algo en educación básica y media en contenidos. Igualmente, en algunos colegios está prohibido hablar de sexualidad, y no se puede vetar algo tan natural. Lo ideal es abordar estas temáticas desde la primera infancia”.

Tras la aprobación, por parte del Tribunal Constitucional, del proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales, ahora se vienen muchos desafíos por delante, uno que tiene relación con información y protocolo para el sistema de salud público y privado, y el otro con mayor educación sexual, en el camino se irán resolviendo estas inquietudes…

Gracias a la aprobación del proyecto, las mujeres que se encuentran en las tres anteriormente descritas tendrán una opción para su embarazo.